LA PLATA.- Ayer había más de 25.000 presos en comisarías y cárceles bonaerenses, cuando el tope es de 12.200, según recomendaciones de la Organización para las Naciones Unidas (ONU). Es decir, hay 12.800 internos de más. Y, según la Defensoría General de Casación de la provincia, a fines de este año se habrán sumado otros 3100 internos.
Fuentes consultadas por LA NACION lo atribuyeron a la falta de espacio y a la imposibilidad de generarlo debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, a lo que se suman otras cuestiones, como el endurecimiento en las excarcelaciones y el letargo judicial.
El 85% de la población carcelaria está procesado, sin tener en cuenta los detenidos en comisarías -más de 7000-, que, en su mayoría, están en la misma situación. Y hay presos que pasan años, aun más de una década, sin sentencia firme, según la Defensoría de Casación.
Un ejemplo: Alberto Castro estuvo casi 13 años preso en esta situación por un homicidio en ocasión de robo. El 25 del mes último, la Sala II del Tribunal de Casación redujo a 11 años una condena de 15 que se le había impuesto en diciembre de 1990 y sobre la que la defensa había pedido revisión. Castro fue excarcelado tres meses antes del último fallo.
Fracaso Antes de que entrase en vigor el actual Código Procesal Penal, en 1998, la población carcelaria era de 10.000 reclusos y el 60% no tenía sentencia firme. Con la nueva ley, entre otras cosas, se pretendía reducir ese porcentaje de presos procesados. La libertad era la meta en esa nueva forma de impartir justicia, en la que el juez dejaba de ser el soberano de las causas y ocupaba sólo un papel en el control de las investigaciones impulsadas y encabezadas por el Ministerio Público Fiscal.
Eso no ocurrió, por múltiples razones. Primero, aumentó el índice delictivo en la provincia. Luego, se agregaron reformas que desnaturalizaron la esencia garantista de un código que, por otra parte, no gozó de amplia aceptación judicial.
En la resolución 19/2 del titular de la Defensoría General de Casación, Mario Luis Coriolano, se lee que en mayo de 2000 había 13.238 presos en cárceles y 2100 en seccionales policiales, y que el 5 de abril último los números habían ascendido a 17.383 y 6888, respectivamente. O sea: hay 4145 detenidos de más en penales y 4788 en comisarías.
En ese período, la población en las celdas de la policía y del Servicio Penitenciario provincial (SPP) creció a razón de 388 internos por mes.
Ayer había 18.062 internos a cargo del SPP: 14.996 procesados y 2448 penados. Hay 482 sobreseídos que siguen en unidades penitenciarias -por problemas psiquiátricos o socioeconómicos-, 123 con sistema de monitoreo electrónico y 13 en alojamientos transitorios, como hospitales.
El subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Marcelo Lapargo, sostiene que, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU, los 33 penales bonaerenses tendrían capacidad para albergar a 11.067 personas.
Ese número, según Lapargo, fue ampliado a 15.948 mediante reformas edilicias, sin respetar los dictados del organismo. En las comisarías provinciales el cupo es de 1277 personas, según la ONU, o de 3075, según la provincia. Oficialmente, hace una semana había en seccionales 7236 personas alojadas. De los detenidos, 12 están desde 1999; 227, desde 2000, y 2143, desde 2001. La policía no está formada para cumplir funciones penitenciarias.
Esta superpoblación en cárceles y comisarías derivó en un deterioro de las condiciones edilicias, alimentarias y sanitarias. Y riesgos para presos y guardias, por motines, incendios, peleas y huelgas de hambre.
Diferencias de criterio Acerca de los inconvenientes provocados por tales condiciones coinciden todos. En lo que no concuerdan es en cómo resolver el asunto.
Los que adhieren a la línea dura del ex gobernador Carlos Ruckauf sostienen que hay que construir más cárceles. Fue durante su gestión, el 15 de marzo de 2000, cuando se aprobó la ley 12.405, que quitó a los jueces la potestad de determinar cuándo un hombre podía o no ser excarcelado. Y es notorio el aumento de presos a partir de entonces: de 13.238 a 18.062.
Por ello, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Taiana, propuso flexibilizar las normas excarcelatorias, al igual que Lapargo. Coriolano ya había cuestionado aquella ley hace dos años.
El camarista de San Isidro Fernando Maroto cree que el eje del problema es el fracaso del Código Procesal Penal y plantea la vuelta al cuerpo legal elaborado por Tomás Jofre en 1915. Según él, entre otras cosas, la actual norma ha demorado aún más el trabajo de la Justicia. De hecho -argumenta- cada vez hay más procesados y menos penados detenidos.
En la óptica de la defensora general de Lomas de Zamora, Fernanda Mestrín, "no falla la ley, sino los operadores, que no cumplen con el control de constitucionalidad de los actos, principal función del Poder Judicial".
Por Ramiro Sagasti
De nuestra Corresponsalía
La norma para las excarcelaciones
- La ley 12.405, aprobada el 15 de marzo de 2000, restringe las excarcelaciones. Por ejemplo, a partir de la modificación del inciso F del artículo 171 del Código Procesal Penal bonaerense, se deniega la excarcelación en los delitos con violencia en las personas, como en el caso del robo simple del artículo 164 del Código Penal, que reprime con prisión de un mes a seis años al que lo cometa con violencia sobre las cosas o sobre las personas, delito que antes era excarcelable.Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=410034
